A propósito del pedido de indagatoria a Blaquier. Un debate Necesario.

No son los tiempos de la justicia,

Sino el mismo carácter patronal de la justicia y el Estado 
Por Miguel López y Gastón Ramirez.

La enorme lentitud de la justicia local para juzgar a los genocidas, sin lugar a dudas es escandalosa, como lo denuncian los organismos de DDHH de la provincia. La semana pasada nos movilizamos junto al sector de  Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del NOA y organizaciones sociales exigiendo que se haga efectivo el pedido de indagatoria sobre Carlos P. Blaquier, por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de 36 jóvenes y trabajadores del Ramal, una acción histórica, teniendo en cuenta que este pedido de un fiscal, recién aparece por primera vez en casi 36 años, cuando hay sobradas denuncias y pruebas de su responsabilidad como autor intelectual y material de este genocidio. 

Al calor de la acción en común contra Blaquier venimos teniendo un debate, sobre el por qué de la lentitud de la justicia y de todos los obstáculos que los mimos jueces arman para evitar el avance de los juicios en Jujuy.

No podemos dejar de lado, que la lentitud de la justicia local, tiene particularidades como la presencia del juez pro dictadura, Olivera Pastor, o de ex funcionarios de la dictadura como Sergio Jenefes y Clara de Falcone en el Tribunal Superior de Justicia, y ni hablar de la estrecha relación entre Blaquier y el poder político del FPV-PJ en la provincia. Ahora, queremos aclarar que estas particularidades locales, no escapan a otras particularidades nacionales, que hacen a la política de derechos humanos esgrimida por el kirchnerismo. Desde sus orígenes y primeras acciones, Nestór y Cristina, tuvieron en cuenta que se trataba de una política audaz, pero a su vez limitada. El objetivo de abrir algunos juicios fue tomar una bandera histórica de lucha de los organismos de DDHH y la izquierda, y así desactivar la movilización y lucha, apelando a la resolución de la impunidad desde arriba, por medio del poder judicial. 

En ningún momento estuvo en sus planes hacer efectivo el juicio y castigo de todos los genocidas que históricamente levantaron como reivindicación central los organismos de DDHH. Los juicios que se hicieron solo afectaron a las caras más repudiables de los genocidas, incluso a estos muchos en muchos casos se los preservó como a Buzzi en Tucumán (quien gozo de prisión en un country), porque siempre estuvo claro el menaje oficial hacia la Justicia para no avanzar más allá de la cuenta. Así sólo se juzgaron hasta ahora a cuenta gotas a los genocidas en todo el país y más de 9.000 ex agentes durante la dictadura hoy continúan en funciones en la policía bonaerense. Tal es la impunidad, que en Jujuy de los solo 70 imputados por los crímenes de la dictadura, donde hay 158 víctimas, ya 20 genocidas, murieron sin ser juzgados, y hasta incluso quien dirigía un grupo de tareas de la dictadura que actuó en la “Noche del Apagón” en Ledesma, Kairuz, hace pocos años desembarco nuevamente en la provincia como director técnico del Club Talleres de Perico.

Por otro lado, la lentitud de la justicia, tiene sus patas cortas. Cuando se trata de ordenar desalojos, como en Ledesma el año pasado, de procesar a luchadores como los referentes de La Corriente del Pueblo o de detener y procesar a los dirigentes, trabajadores y abogados del Ingenio La Esperanza, los tiempos son ágiles y la justicia no tarda en llegar en cuestión de horas y minutos. Se trata de una justicia para ricos y poderosos empresarios, nunca para el pueblo trabajador.

Cárcel a Blaquier y a todos los genocidas

El pedido de indagatoria a Blaquier es impulsado a nivel nacional desde un sector del kirchnerismo que pretende guiar la discusión hacia la complicidad de algunos empresarios emblemáticos en el golpe, también lo hacen abriendo una investigación sobre el directorio de la cementera Loma Negra, acusados del secuestro y asesinato del abogado del sindicato del cemento en los 70´. En este marco, y ante las enormes dificultades para lograr justicia los organismos de DDHH terminan apelando a presionar sobre el gobierno de Fellner, y se apoyan en diputados oficialistas como Remo Carlotto que pueden amplificar nacionalmente los reclamos.

Esta estrategia de presión sobre el gobierno, para que este presione a su vez al juez Olivera Pastor para que acelere los juicios a los genocidas, es cuanto menos impotente. Los gobiernos K, se cansaron de facilitar subsidios a Blaquier, como en el caso del nuevo negocio del Bioetanol, a punto tal que el mismo Blaquier se definió como “Cristinista”. Recordemos, también que Fellner asumió con sus manos manchadas de sangre, tras la represión que mató a tres trabajadores que exigían vivienda en Ledesma. El operativo de impunidad montado por Barrionuevo y Fellner (con el aval de la UCR que disolvió la comisión investigadora) no fue más que un nuevo salvavidas para Blaquier quien más presionó por el desalojo de sus tierras. Todo estos hechos caracterizan a Fellner, sin contar que fueron los últimos gobiernos del PJ-FPV provincial los que le cedieron gratuitamente a los sindicatos UPCN y UOCRA el predio donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura Campo Guerrero, con el objetivo de que avancen en construcciones y borren toda prueba que aporte a los juicios contra los genocidas. Obviamente el Juez Olivera Pastor tampoco en esta oportunidad dijo nada.

El gobierno de Cristina no hizo nada por aclarar este nuevo crimen contra el pueblo trabajador, y a meses hizo votar la Ley Antiterrorista, con la cual comenzó redobló la persecución de trabajadores y luchadores como sucedió con los ambientalistas en Catamarca o los dirigentes de la Corriente de Pueblo procesados por protestar contra la megaminería. Nada se puede esperar del gobierno nacional. Menos aún, cuando esta embarcado en un nuevo rumbo, cada vez más abiertamente menemista, (al profundizar el “modelo” de defensa del pago de la deuda externa y de  las mineras, ataque a los docentes, espionaje de la gendarmería, más de 5000 procesados por luchar, etc.). El tibio intento de dirigir los juicios sobre algunos empresarios, es una maniobra distractiva, cuando el gobierno más se dispone a defender los negocios capitalistas y el pago de la deuda externa con las reservas del Banco Central.

Marx ya demostró la imposibilidad histórica de reformar al Estado, porque el mismo, no es más que “una junta que administra los negocios comunes de los capitalistas” (léase hoy: los Blaquier y el conjunto de las patronales azucareras, las mineras o los terratenientes del tabaco). Por eso, sostenemos que es necesario levantar una estrategia legal que sepa combinar exigencias, buscar los intersticios legales para poder colar las denuncias y que estas se amplifiquen por miles, como hicimos desde el PTS con la denuncia del  espionaje a las organizaciones combativas de los trabajadores y a la izquierda del Proyecto X, y asi golpear efectivamente al Estado (pero no cambiar completamente la relación de fuerzas a nuestro favor), con una estrategia de organización política y movilización de los trabajadores y jóvenes independiente del gobierno y los funcionarios del Estado, apostando a vencer a los capitalistas y así conquistar todos nuestros reclamos de justicia contra los genocidas y el fin de la persecución de los trabajadores. Esta estrategia, con la cual intervenimos en todas las acciones comunes que permitan golpear a la patronal y a su justicia, hoy por hoy, nos exige movilizar el mayor frente único de sindicatos, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles por el desprocesamiento de los trabajadores, dirigentes y abogados del Ingenio La Esperanza y por la Cárcel a Blaquier y a todos los genocidas.